Basta de represión a los pueblos originarios y militantes sociales


UnTER repudia la brutal represión contra la comunidad de la lof Lafken Winkul Mapu que ya se cobró la vida de uno de sus integrantes por parte del GEOP y Albatros de las fuerzas federales. Acompañamos a las comunidades y exigimos el inmediato cese de la represión y el retiro de las fuerzas armadas de la región.

Luego del bestial desalojo perpetrado por estas fuerzas de choque, encarcelaron a cinco mujeres, con sus hijxs y salieron a buscar a los varones. Igual que lo hicieron con Fuentealba, dispararon balas de plomo, hirieron por la espalda a tres. Los medios hegemónicos llaman “enfrentamiento” a lo que fue una cacería humana.

En tres meses, por órdenes del Presidente Mauricio Macri y la ministra de “in”seguridad Patricia Bullrich, el gobierno nacional, con el apoyo de las provincias, ha desencadenado una escala represiva contra las comunidades mapuches que luchan por sus derechos ancestrales, provocando la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, persecución, detenciones ilegales y un nuevo asesinato.

Exigimos el inmediato cese de la represión a los pueblos originarios y militantes sociales, la investigación y juicio de todxs lxs responsables de esta nueva campaña al desierto.

Gral. Roca - Fiske Menuco, 25 de noviembre de 2017.

Viviana Orellano, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de oportunidades 
María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura
Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organización
Marcelo Nervi, Secretario Adjunto
Patricia Cetera, Secretaria General

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Ahogamiento, asfixia por sumersión, hipotermia son las palabras que describen la muerte de Santiago Maldonado en la autopsia entregada hoy a sus familiares. Nosotrxs sabemos que murió en el medio de una represión brutal de la gendarmería por orden de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su secretario Pablo Noceti.
La represión del 1 de agosto en el Pu Lo Cushamen, en la que desapareció Santiago no fue un hecho aislado, se enmarca en un contexto generalizado de violencia contra la protesta social, al amparo de la Ley antiterrorista y el protocolo antipiquetes, definida por el gobierno nacional, acompañada por las provincias y justificada por el sector más reaccionario de nuestra sociedad.