Frente a la proliferación de amenazas y mensajes intimidatorios que ha puesto en alerta a toda la comunidad educativa, desde el Consejo Directivo Central de UnTER, acercamos un aporte al análisis y abordaje de la situación.

Las instituciones educativas no están abstraídas de lo que ocurre en la sociedad, la violencia material y simbólica se ha profundizado en los últimos años. La represión como única respuesta a lxs jubiladxs cada miércoles y el empobrecimiento descomunal de amplias masas de la clase trabajadora son el pan de cada día de nuestrxs niñxs y adolescentes.

Lo que aparece y sucede en las escuelas es, en parte, el reflejo de cómo golpea la crisis económica, social y cultural a la población: comunidades que tienen la vida cada vez más precarizada, deterioro de las condiciones educativas por responsabilidad de los gobiernos, discursos de odio emanados desde las autoridades y funcionarios por redes sociales y medios de comunicación, mientras el Estado realiza una campaña de difamación contra la escuela pública y la docencia a la que le niega lo mínimo para poder subsistir.

En muchas provincias la respuesta de los gobiernos viene de la mano de más castigo y más vigilancia. En marzo de 2026 se aprobó y promulgó una nueva ley penal juvenil que no hace más que vulnerar los derechos de niñxs y adolescentes. Esa es la salida más demagógica e inútil.

¿Qué le pasa a nuestrxs niñxs y adolescentes para llegar a ubicarse como posibles victimarixs de sus pares? ¿Sus familias tienen trabajo?¿Esos trabajos les permiten llegar a fin de mes y a la vez compartir tiempo con sus hijxs? ¿Son vistxs y escuchadxs lxs pibxs en sus casas y en la sociedad?

Si se estimula la agresividad por medio de discursos de odio y acciones de desprecio, maltrato y agresión, y estas formas son validadas por quienes detentan el poder, la resultante es el contexto que atravesamos: violencia entre pares, de la familia hacía la escuela y una campaña sistemática por cuestionar el rol docente como política de Estado.

La posibilidad de modificar los comportamientos violentos no pueden ser reducidos a mágicos protocolos de actuación, guías de orientación y normativas penales.

Rechazamos toda forma de violencia en las escuelas y también debemos advertir que no aceptamos salidas punitivistas. Las escuelas no son cuarteles y no se deben convertir en espacios de persecución de estudiantes. Tenemos que poder construir espacios para que las infancias y adolescencias puedan expresarse y llevar adelante proyectos colectivos.

Para ello, la docencia necesita urgente: recursos materiales concretos para asistir a lxs estudiantxs, parejas pedagógicas en Inicial; unidad pedagógica, maestrxs de fortalecimiento por turno en Primaria; preceptorxs por curso en Nivel Medio; equipos interdisciplinarios por institución para atender las situaciones de violencia y dificultades de aprendizaje. Y necesitamos tiempos institucionales para practicar el ejercicio democrático de escucharnos, disentir, discutir, acordar, hacer síntesis o no y llevar adelante proyectos en unidad.

El gobierno debe tener pleno funcionamiento de la SENAF y de políticas integrales que garanticen condiciones reales de cuidado. Necesitamos urgente dispositivos de salud mental públicos y articulados con las escuelas, que acompañen los padecimientos de lxs estudiantes, no respuestas improvisadas. Se requiere atender los reclamos de los hospitales, CIC y salas que necesitan más presupuesto y más equipos interdisciplinarios para funcionar y poder dar respuesta a la demanda compleja y creciente.

General Roca – Fiske Menuco, 21 de abril de 2026

Consejo Directivo UnTER Central