1999 - 2001 La denuncia, la Paritaria, la movilización

1999 | 2000 | 2001

1999

En la Paritaria de marzo de 1999, se resolvió suspender la aplicación del adicional por gestión pública y devolver los días descontados en las jornadas de paro.

El 6 de abril se realizó el primer paro nacional del año, convocado por CTERA y CONADU por la implementación del Fondo de Financiamiento Docente. En Río Negro la adhesión fue de un 90%.

En abril se realizó en Río Negro el Segundo Congreso Provincial del CTA, participaron Víctor de Gennaro, Marta Maffei. En el encuentro se analizaron las bases del documento nacional del CTA.

Roca, Ruta 22, noviembre de 1999.

El gobierno provincial mantuvo los servicios mínimos como educación, salud y justicia hasta las elecciones del 27 de junio. Luego de ser reelecto, Pablo Verani y su gobierno se desentendieron de su obligación de Estado. El retraso salarial llegó a tres meses. Por falta de pago cortaron la luz, el gas en las escuela, y el transporte escolar. Se vaciaron los hospitales. La justicia se detuvo.

Río Negro fue la provincia más endeudada del país, comprometió sus ingresos, perdió el acceso al crédito y no presentó un proyecto para salir de la crisis. No tuvo autonomía política, ni financiera, ejecutó mandatos del Banco Mundial y esperó ayudas extraordinarias del Ejecutivo nacional.

El 10 de diciembre de 1999, asume la presidencia de la Nación Fernando De La Rúa.

2000

En el 2000 la UnTER privilegió como ámbito de lucha y de resolución de los conflictos la Paritaria Docente, espacio de diálogo y de búsqueda de consensos. Más allá de las conquistas de los trabajadores quedó por resolver la causa central de la crisis: el presupuesto educativo.

Como consecuencia del bajo presupuesto asignado el sistema educativo padeció la falta de transporte, el deterioro edilicio, la ausencia de cobertura de los comedores escolares, la carencia de edificios.

En Río Negro más de 17 mil niños y adolescentes no asisten a la escuela. El Estado prioriza el pago de la deuda con el sector financiero a las necesidades sociales.

Un acuerdo del gobierno nacional con las provincias impuso congelar por cinco (5) años el gasto público. Como resultado se acentuó la crisis social generada por las políticas neoliberales aplicadas en la última década.

Además de la estrepitosa caída de los haberes, se anunció el aumento de la edad jubilatoria. Se dio a conocer el acuerdo para asegurar el “blindaje económico” que congeló los presupuestos educativos de Nación y provincias, eliminó derechos vigentes, acható el escalafón docente, la antigüedad y la ruralidad.

A ello se sumó el incumplimiento en el pago del Fondo de Incentivo Docente. La falta de reformas de infraestructura, de material didáctico y de capacitación para docentes, completan el desolador panorama educativo nacional.

 

2001

Viedma, noviembre de 2001

En el 2001, se denunciaron las irregularidades que significaron: la tercerización del transporte, no se realizó la prestación del servicio acorde a los pliegos de licitación; Problemas edilicios en general, falta de mobiliario y más de 500 estudiantes secundarios sin ubicación en la Zona Andina. Una compañera docente de la escuela Nº 320 de Bariloche intoxicada con monóxido de carbono, a pesar de las reiteradas denuncias a Camuzzi Gas del Sur y al CPE.

Se realizaron paros nacionales en contra de las medidas económicas y sus consecuencias en el sistema educativo, la llegada del grupo FIEL encabezado por López Murphy al gobierno. Rechazamos el encuentro del ALCA.

En marzo, en medio de una tormenta económica-política, el Presidente Fernando De la Rúa confirmó la salida del titular de Economía, Ricardo López Murphy, quien solo estuvo dos semanas en el cargo y asume Domingo Cavallo.

El proyecto oficial significó más ajuste y progresos del modelo en otras variables económicas, impositivas, financieras, comerciables. Hasta el extremo de avanzar plenamente en el estatuto único de los trabajadores, tendiendo a la flexibilización e inestabilidad laboral; y con claras pretensiones de destruir los convenios colectivos de trabajo. El plan, fue sostenido por el gobierno de la Alianza y la oposición con su Liga de Gobernadores.

El sector estatal padeció las consecuencias en los reiterados atrasos salariales, la incertidumbre en la estabilidad laboral y la falta de previsión para garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales como salud, educación, acción social y justicia.

El gobernador Pablo Verani inauguró en Viedma un hipódromo que le costó al Estado rionegrino más de un millón de pesos, mientras en la misma ciudad, aduciendo falta de recursos, el gobierno no reparó una histórica escuela con una matrícula de 1200 estudiantes. Realizaron una contratación directa con una empresa constructora de Roca, que además de no dar garantías en el funcionamiento de los edificios escolares, posterior a la reparación, responde directamente a los intereses particulares del mandatario provincial.

Las medidas de ajuste, significaron, según expresiones del propio gobernador, una reducción de un 12% al presupuesto de cada organismo público. Los anuncios sobre la inviabilidad de la provincia para cumplir con el compromiso salarial de los estatales, puso en estado de alerta a las y los trabajadores.

Los instrumentos centrales de estas políticas fueron: la propuesta de Estatuto Delich, el congelamiento presupuestario por cinco años y el avance de la Ley Federal de Educación expresados en llamados proyectos de reforma educativa como: restricciones al ingreso y permanencia en la universidad, arancelamiento. Las escuelas tecnológicas a modo de avance del Polimodal, el crecimiento de los pos-títulos en el Nivel Superior, la desjerarquización de la formación docente y la llamada reforma en el Nivel Medio, que esconde tras la concentración horaria sus objetivos de ajuste y fragmentación del conocimiento.

La justicia dio el aval constitucional para pagar en bonos, pero a su vez reafirman la intangibilidad de sus sueldos. Cobraron el incentivo docente los ñoquis del gobierno.

Se exigió al gobierno de Río Negro la implementación de políticas que apunten a solucionar el atraso salarial, y que se abra el marco de discusión para lograr la recuperación de los ajustes establecidos por los Decretos Ley 2989 y 4 y 5 del 95.

Los paros provinciales estuvieron orientados a exigir el pago en término de los salarios y la no discriminación en el cobro del salario. Por la parálisis en la entrega de remesas a las escuelas más pobres y a las reformas de infraestructura, falta de material didáctico y capacitación a los docentes.

En mayo más de mil docentes, alumnos, padres y otras entidades, marcharon por  Viedma para reclamar el pago en término, unificado y la recuperación salarial. Actividad que fue acompañada por un retiro anticipado y un ingreso tardío al que adhirió un 85% de la docencia capitalina.

En Cipolletti, más de 500 compañeros se convocaron en la rotonda de acceso a la ciudad para reclamar por el salario y llevar la solidaridad a los productores, que por un mes permanecían sobre la Ruta 22. El reclamo docente se extendió en otros puntos de la provincia como en Roca donde se realizó una concentración y suelta de globos blancos en símbolo de la Marcha Blanca y negros como sinónimo de luto por la educación.

En junio se realizó un paro y marcha nacional convocado por CTERA, en defensa de la educación pública. Anulación de la cláusula que establece el congelamiento de los presupuestos educativos de la nación y de las provincias por cinco años. Pago en tiempo y forma del FONID. Defensa de los Estatutos Docentes y rechazo de las modificaciones propuestas por el Ministerio de Educación de la Nación, Proyecto de jerarquización docente. A nivel provincial por la recuperación salarial Ley 2989 y Dec 4 y 5/97. Pago en término de los salarios.

Las medidas económicas golpearon los bolsillos de los que menos tienen y profundizaron la recesión, el verdadero “riesgo” para el país. En agosto se realizó un paro provincial y movilización sobre la Ruta 22, contra el plan de ajuste presentado por los gobiernos nacional y provincial.

De la consulta nacional realizada por CTERA, se desprende que el perfil mayoritario del/a trabajador/a de la educación es: Mujer de entre 25 a 45 años, el 40% de las cuales es jefa de hogar con 2 a 5 personas a cargo, hogares que en el 50% de los casos se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

Se aprobó en Paritaria un proyecto de salud laboral y escolar en la escuela que el gobierno provincial irresponsablemente no implementó.

En todo este marco de ajuste y flexibilidad laboral se destacó, la estabilidad de los cargos directivos. Los ejes de lucha fueron: la recuperación del salario, aumento del presupuesto, defensa de nuestro estatuto y de la escuela pública.

En este período el Secretario General es Daniel Gómez.