El Gobierno Provincial intenta presentar el rechazo de licencias médicas como una política de ahorro, cuando en realidad se trata de una grave vulneración de derechos laborales y humanos. La Resolución 233/98 garantiza el acceso a licencias por razones de salud sin pérdida salarial ni persecución administrativa. La implementación de auditorías médicas privadas desconoce este marco normativo y reemplaza el cuidado de la salud por una lógica de ajuste y disciplinamiento. Desde Unter exigimos el respeto pleno de la normativa vigente, el fin de las auditorías privadas y políticas de salud que no criminalicen la enfermedad ni el cuidado familiar. Recortar derechos no es ahorrar.