El problema más grave, es que nos dejaron como herencia, integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad, henchidos de impunidad, que continúan protagonizando episodios de violencia institucional que recrudecieron en tiempos de pandemia, desde el ataque a las familias Wichi en el norte, hasta la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro en la provincia de Buenos Aires, pasando por supuestos suicidios en comisarías, fusilamiento por la espalda de pibes en el conurbano bonaerense, represión en barrios populares a lo largo y lo ancho del país. En Río Negro, los policías condenados a perpetua por la desaparición forzada y asesinato de Daniel Solano siguen en libertad y con un arma en la calle.

El 1 de agosto, las y los trabajadores de la educación participamos de las actividades para exigir verdad y justicia por Santiago Maldonado, a dos años de su desaparición forzada y asesinato. No al cierre de la causa, en un Estado de Derecho no es posible tolerar la impunidad.