A cinco años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, reafirmamos que el aborto legal, seguro y gratuito fue una conquista histórica del movimiento feminista y de personas con capacidad de gestar. Sin embargo, su cumplimiento sigue siendo desigual: persisten obstáculos institucionales, uso abusivo de la objeción de conciencia, falta de información y profundas desigualdades territoriales que vulneran derechos básicos. En un contexto de ajuste y desfinanciamiento de la salud pública, defender la IVE hoy implica exigir su garantía efectiva en todo el país y sostener la Educación Sexual Integral como herramienta clave para la prevención y el derecho a decidir.