" (...) En este mundo del revés los trabajadores, la clase media y todos los que de una u otra manera aportan a la construcción del FGS, observamos como mienten y roban con un simple pase de cuentas, que en un futuro no muy lejano facilitará la vuelta al negocio de las jubilaciones privadas, como el seguro de desempleo, como aportar para que tu salud ya no esté en manos del estado".
"(...) Asistimos a un tiempo social en el cual se pretende exacerbar el individualismo y el todo vale. Estas posiciones se relacionan directamente con la Pedagogía de la exclusión", opina el compañero Héctor Roncallo, docente jubilado, Exsecretario General de la UnTER. Señala también que "Saldremos con más presupuesto, que acompañe políticas de mejoras en educación para todos y todas".
Compartimos la segunda parte del ensayo de Héctor Roncallo, se trata de un “análisis de temas a tener presente para pensar en la necesaria Otra Escuela que nos debemos y construirla entre todxs. El detalle de las normativas actuales por nivel, el desarrollo personal de lo que se observa, más los textos (...) tienen como propósito colaborar desde una mirada, y si así se considera, en la construcción de la Escuela en la normalidad después de la “nueva normalidad”.
Compartimos artículo de opinión del compañero Héctor Roncallo, quien nos invita a pensar/nos como trabajadorxs de la educación en este contexto de pandemia y de desigualdades, para construir juntxs un "Nuevo contrato social que marque un nuevo mandato educativo"
Rápidamente, en el día de la fecha la Legisladora Roxana Fernández de JSRN salió a criticar y “lamentar la postura del gremio docente”, ante lo que es de público conocimiento, en lugar que, desde su función, como la de todos los legisladores, establecer estrategias para acercar posiciones. La Legisladora se coloca desde el lugar del poder ejecutivo demostrando públicamente la dependencia que se tiene en relación a ese poder. La falta de criterios propios y lo más grave la posición de observador y crítica del gremio, en lugar de legislar para todos, acción que debiera ser más que necesaria en la política argentina.
Cuando el Presidente Mauricio Macri dice no saber exactamente si son 30.000 los desaparecidos y muestra sus dudas, lo sostiene como un justificativo más del direccionamiento de su política con relación a los Derechos Humanos. Quienes pedimos cárcel y castigo para los represores, después de un juicio justo, no compartimos esta desmemoria presidencial y sabemos con certeza que esa negación de la cifra es imprescindible para que la sociedad acepte.
Comenzada una nueva etapa política en nuestro País nunca hubiera imaginado que desde las esferas más importantes de las autoridades educativas y políticas, incluyendo al reciente electo presidente de la Nación, que se cometieran errores conceptuales tan graves.
El 19 y 20 de diciembre del 2001, el pueblo argentino decidió el camino de la rebeldía ante el Estado de sitio del presidente de la Rúa, salió a las calles, pero no fue otra pueblada más, en ella confluyeron todos los sectores populares, los hambreados por políticas de ajuste hechos a medida de los poderosos, pueblada parida desde el dolor, la bronca y el hartazgo que se hizo visible en la frase “que se vayan todos”.
Una denuncia de violencia de género se asienta formalmente para activar los mecanismos institucionales necesarios para lograr eliminarla y reparar los daños causados. Nombrar la “violencia de género” como consigna -apelando a la sensibilidad social recientemente manifestada bajo la consigna “ni una menos”- sin contar con argumentos sustanciales para sostener la acusación, banaliza el problema social que promovió la sanción de la ley y desacredita las luchas del movimiento de mujeres.
Cuando en el año 2012 se termina con la supuesta consulta para el dictado de la nueva ley de educación, el entonces Ministro de Educación ponía en la cúspide de la transformación que a partir de ese momento la comunidad, los padres y docentes decidirán sobre el destino de la educación. Se dijo también que por primera vez los padres tenían su representante en el Consejo Provincial de Educación, decidiendo mediante Ley 4836 la designación en la Legislatura de la Provincia. El tiempo comprobó la mentira clara y evidente.
