No a la reforma del Estatuto Docente, Si a soluciones para educación
Los legisladores de diferentes bancadas han presentado proyectos de modificación de la Ley 391, Ley del Estatuto Docente, centrándose en la modificación del puntaje de la docencia. Estas modificaciones tienen como eje la implementación de una diferenciación entre quienes son nacidos en la provincia o posean más de dos años de residencia, o puntaje extra para quienes egresen de los Institutos de Formación Docente rionegrinos.
La urgencia de estas modificaciones deviene de un cálculo electoral. Algunos legisladores ven la cercanía de renovación de sus bancas y salen a realizar un despliegue con un planteo de “defender lo nuestro”, utilizando el chauvinismo como herramienta de reposicionamiento electoral. Nada más lejano de las verdaderas necesidades de la educación pública y la población en general. De ahí se desprende que las modificaciones propuestas, no tienen siquiera la consulta a la nueva representación gremial elegida por casi el 60% del colectivo docente y no resuelven las problemáticas que en la educación pública tenemos.
En un contexto donde la violencia social resuena en las escuelas fuertemente y donde los discursos de odio, xenófobos o discriminatorios son impulsados por los gobiernos y funcionarios de turno, plantear una diferenciación del ejercicio de la docencia por ser de otra provincia o por haber transitado la Universidad Nacional es repudiable desde todo punto de vista.
Señores/as legisladores: En éste contexto donde a la violencia simbólica, verbal desde el poder político, se le suma la violencia económica de tener a más del 60% de las infancias de nuestro país por debajo de la línea de pobreza, uno de cada tres niños y niñas con inseguridad alimentaria, es decir, no comen todos los días, según estudios de la UCA, (Universidad Catolica Argentina), esperamos que se den respuesta a prioridades realmente importantes.
Por ejemplo, ante los hechos de violencia o amenazas en las instituciones escolares estamos esperando que la legislatura y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos plantean soluciones concretas y no el despropósito presentado por las Direcciones de Nivel de una “guía de intervención” que es más un deslinde de responsabilidades a los equipos directivos y una sobrecarga de trabajo a la docencia.
Desde UnTER CDC rechazamos cualquier intento de Ley de arraigo y proyectos que busquen responsabilizar a los trabajadores, y planteamos que es urgente un proyecto que nombre más personal y recursos para las escuelas, equipos interdisciplinarios en cada institución educativa, mayor presupuesto para la SeNAF y salud mental en el hospital público, jornadas unificadas por nivel y modalidad para debatir la problemática de la violencia social en las escuelas y el armado de protocolos que reflejen la idiosincrasia y necesidades de cada comunidad educativa.
Señores/as legisladores, el debate para lo importante, está abierto.
General Roca – Fiske Menuco, 26 de abril de 2026
Consejo Directivo Central UnTER
