La sanción de la Ley 1420 marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. Consolidó la Educación Pública, Gratuita, Obligatoria y Laica como un derecho social y reafirmó la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar el acceso a la educación para todas las infancias.
Aquella conquista fue el resultado de un profundo debate político y pedagógico, pero también de la organización y la lucha de quienes entendieron que una sociedad más justa sólo puede construirse con una escuela pública fuerte, democrática e inclusiva.
A 142 años de su sanción, esa defensa sigue plenamente vigente.

Hoy, frente al ajuste, el desfinanciamiento, el deterioro de la infraestructura escolar, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el avance sobre derechos conquistados y las políticas que buscan reducir la educación a una lógica de mercado, reafirmamos que la escuela pública no es un gasto: es una inversión social y una herramienta indispensable para construir igualdad, ciudadanía y democracia.
Defender el legado de la Ley 1420 es defender el derecho a enseñar y aprender en condiciones dignas. Es defender salarios justos, escuelas seguras, políticas educativas inclusivas, el acceso al conocimiento, la educación intercultural, la ESI y el compromiso del Estado con cada comunidad educativa.
Porque no hay libertad sin derechos, seguimos sosteniendo que la educación pública es un patrimonio del pueblo y una conquista colectiva que se defiende todos los días.

La Educación Pública no se ajusta, no se mercantiliza y no se negocia.

General Roca – Fiske Menuco, 08 de julio de 2026

Consejo Directivo Central – UnTER