Las declaraciones del gobernador Alberto Weretilneck buscan instalar una realidad que no existe en las escuelas de Río Negro y trasladar a la docencia una responsabilidad que es exclusivamente del gobierno provincial.
Durante dos meses la UnTER no llevó adelante medidas de fuerza. Sostuvimos el diálogo, esperamos una convocatoria y apostamos a que el gobierno comprendiera la gravedad de la situación. La respuesta fue el silencio. No hubo convocatoria a una mesa de negociación para discutir salarios, condiciones laborales ni la profunda crisis que atraviesa el sistema educativo. Hoy pretenden responsabilizar a la organización sindical por un conflicto que fue alimentado por la decisión política de no escuchar.
El gobernador afirma que Río Negro tiene “el tercer mejor salario del país”. ¿El tercer mejor respecto de qué? ¿De provincias donde los salarios también condenan a la pobreza a miles de trabajadorxs? Compararse con la crisis de otros no mejora la realidad de la docencia rionegrina. Un salario digno no se mide por un ranking; se mide por la posibilidad real de vivir con dignidad, de llegar a fin de mes, de no tener que multiplicar cargos para sobrevivir y de recuperar el poder adquisitivo perdido durante años.
También sostiene que los salarios se actualizan por inflación. Pero esa afirmación desconoce una realidad que viven miles de familias docentes: la inflación no recupera lo perdido, no recompone el salario devastado durante años y tampoco alcanza frente al crecimiento permanente del costo de vida en nuestra provincia.
Lo que el gobernador llama “normalidad” es, para quienes habitamos todos los días las escuelas, una profunda emergencia educativa.
Es la normalidad de edificios que se deterioran mientras las comunidades educativas exigen respuestas.
Es la normalidad del cierre de cargos y de la reducción de recursos en las escuelas.
Es la normalidad de auditorías médicas privatizadas que ponen bajo sospecha a quienes atraviesan problemas de salud, vulnerando derechos laborales básicos.
Es la normalidad de trabajadorxs que sostienen la educación pública con enorme compromiso mientras el Estado descarga sobre ellos el peso del ajuste.
Y cuando la docencia denuncia esta realidad, el gobierno intenta reducirla a una supuesta “interna sindical”. Es una forma de deslegitimar un reclamo colectivo que atraviesa toda la provincia y que expresa el profundo deterioro de la educación pública.
No. Esto no es una interna.
Es la consecuencia de un modelo de provincia que, desde hace más de una década, decidió gobernar la educación pública desde la lógica del ajuste, la desinversión y el disciplinamiento de sus trabajadorxs.
Un modelo que fue naturalizando la pérdida del poder adquisitivo del salario docente, el deterioro de la infraestructura escolar, el cierre de cargos, la reducción de recursos, la sobrecarga laboral, el avance de auditorías médicas privatizadas que vulneran derechos y el intento permanente de desacreditar a la organización sindical cada vez que reclama.
Hoy el gobernador pretende presentar este conflicto como una decisión de la UnTER. La realidad es exactamente la inversa: el conflicto es la consecuencia de decisiones políticas sostenidas en el tiempo. Porque ninguna escuela llega a la emergencia de un día para otro, ningún salario pierde su capacidad de sostener una vida digna por casualidad y ningún derecho se deteriora sin la responsabilidad de quienes gobiernan.
Por eso, este conflicto no enfrenta a un sindicato con un gobernador. Este conflicto expresa la disputa entre dos modelos profundamente distintos: el de un gobierno que considera a la educación un gasto que debe administrarse y el de una organización sindical que la defiende como un derecho social que exige inversión, condiciones dignas para enseñar y aprender, y un Estado presente que garantice igualdad de oportunidades para todo el pueblo rionegrino.
Tampoco es un paro contra una persona.
Es una medida de fuerza frente a políticas públicas que deterioran la escuela pública, precarizan el trabajo docente y profundizan un modelo que pretende hacer recaer sobre lxs trabajadorxs el costo de una crisis que no generaron.
El gobernador afirma que el paro perjudica a lxs estudiantes. También los perjudican las escuelas sin mantenimiento, los cargos que desaparecen, la falta de equipos de apoyo, la sobrecarga laboral, el vaciamiento del sistema y la pérdida constante del poder adquisitivo de quienes todos los días sostienen la educación pública.
Quienes defendemos la escuela pública no necesitamos que nos expliquen cuál es el interés general. Lo construimos todos los días en cada escuela de la provincia.
Defender el salario es defender el trabajo docente.
Defender las condiciones laborales es garantizar el derecho social a la educación pública.
El conflicto no comenzó con la decisión de la docencia de parar. Comenzó cuando el gobierno decidió que escuchar, convocar, negociar e invertir dejaran de ser prioridades.
La responsabilidad de su continuidad tiene un único responsable: el gobierno provincial de JSRN.
Porque cuando un gobierno elige no escuchar, el conflicto no lo genera la docencia: lo genera la decisión política de sostener un modelo que ajusta sobre la educación pública.
Nuestra responsabilidad no es garantizar el relato de una falsa normalidad. Nuestra responsabilidad es defender el derecho social a la educación, el trabajo docente y la escuela pública. Y cuando esos derechos son vulnerados, organizarnos y luchar deja de ser una opción para convertirse en una obligación.
General Roca – Fiske Menuco, 11 de julio de 2026
Consejo Directivo Central – UnTER
