Denunciamos que este intento de reglamentar la protesta no busca garantizar la Educación, sino disciplinar, desmovilizar y vulnerar las libertades sindicales de quienes sostenemos cotidianamente la escuela pública.

El derecho a huelga es una herramienta histórica, no un servicio transaccionable. La Educación es un Derecho Humano fundamental, un proceso social y pedagógico complejo, no un “servicio comercial” regulable bajo porcentajes de operatividad como si las escuelas fueran fábricas o depósitos. Pretender imponer un 75% de “cobertura mínima” en una jornada de protesta desnaturaliza el sentido de la Educación y transforma las instituciones en guarderías de contingencia.

Cuando los gobiernos imponen topes a las medidas de fuerza, buscan dejar sin herramientas a las y los trabajadores para defender salarios dignos, edificios seguros, comedores escolares adecuados y condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje.

Además, el desconocimiento del derecho a la protesta por parte del Ejecutivo Nacional atenta directamente contra la arquitectura democrática, transformándose en un política inconstitucional que no reconoce las garantías del Art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional como asi tampoco los convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

Un gobierno que intenta cercenar el derecho a la huelga atenta contra la democracia misma y profundiza el autoritarismo laboral.

Desde la provincia de Río Negro recordamos al Poder Ejecutivo Nacional y al Gobierno Provincial que:

La Constitución de la Provincia de Río Negro garantiza explícitamente los derechos laborales, la libre organización sindical y el derecho a la huelga sin restricciones persecutorias.

La educación en Río Negro está regida por leyes provinciales que la reconocen como un derecho social garantizado por el Estado, el cual no puede desligarse de su responsabilidad presupuestaria pretendiendo volcar la culpa de la crisis educativa sobre los hombros de las y los docentes.

Las provincias conservan su autonomía para regular las relaciones laborales y las políticas educativas locales, por lo que la intromisión punitiva del Ministerio de Capital Humano resulta abiertamente inconstitucional y avasalla la autonomía provincial.

Lxs docentes no luchamos en el vacío. Si permitimos que el gobierno nacional quiebre el derecho a huelga en la docencia bajo la falsa premisa de la “esencialidad”, se abre la puerta para desarticular los derechos de todos los sectores de la clase trabajadora: estatales, del transporte y del sector privado.

La arremetida contra la docencia es la prueba piloto para flexibilizar y cercenar el derecho a la protesta de todo el pueblo trabajador que hoy sufre la pérdida del poder adquisitivo, el ajuste y los despidos. Por eso, resistir este embate no es solo una tarea del sector educativo, es una responsabilidad histórica en defensa de la clase obrera en su conjunto.