Este jueves 10/09, el Gobernador de nuestra provincia anunció la presentación de un proyecto de ley que permitiría a lxs trabajadorxs estatales elegir “libremente” en qué obra social realizar sus aportes, disfrazando esta maniobra como un “beneficio” que en realidad oculta una larga lista de acciones perjudiciales para la clase trabajadora.
Nuestro Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) fue creado para organizar y administrar un seguro integral de salud. Sin embargo, a lo largo de los años, han sido los diferentes gobiernos provinciales los encargados de llevar adelante un vaciamiento sistemático, no solo del Instituto, sino además del propio sistema público de salud de la provincia, sin exponer en ningún momento las cuentas a lxs afiliadxs de la obra social y mucho menos a lxs usuarios de la salud pública.
No resulta inocente que, en este contexto político, social y económico, el Gobierno pretenda dejar abierto a la oferta y la demanda nada menos que la salud de sus trabajadorxs. “Liberar la elección”, tal como el Gobernador lo plantea, no es más que una absoluta mentira. Con un Instituto prácticamente fundido, con salarios que no llegan a cubrir las necesidades mínimas de un hogar y con el desgaste de nuestra salud producto de la ausencia de políticas públicas que permitan el acceso a la salud preventiva, resulta evidente que lxs empleadxs públicxs de Río Negro no somos lxs mejores candidatxs para que una prepaga nos admita como sus clientes.
Este proyecto, que Alberto Weretilneck presentará a la Legislatura, no es más que humo. Una propaganda agónica para conquistar la simpatía de algunos sectores hacia una carrera política que sigue en descenso y que no busca mejorar la calidad de vida de sus trabajadorxs, sino más bien correrse de la obligación que tiene para con ellxs.
En lugar de vender espejitos de colores, el Gobernador debe poner al IPROSS en manos de lxs trabajadorxs, con un Estado como garante de los recursos económicos que permitan financiar, agilizar y optimizar las prestaciones y coberturas.
La UnTER fue desplazada de la Junta de Administración en el año 2025 luego de una serie de maniobras que, claramente, buscaban legitimar definiciones de espaldas a lxs afiliadxs de la obra social. Esta exclusión no es un hecho menor: significa quitarle voz y capacidad de decisión a quienes sostienen el sistema con sus aportes y son lxs principales afectadxs por las decisiones que se toman sobre su salud.
Por eso, frente a este escenario, reivindicamos la organización y la unidad entre los sindicatos para recuperar una participación activa y efectiva de lxs trabajadorxs en el Consejo y en la administración del IPROSS. La salud no puede quedar en manos de decisiones tomadas a espaldas de quienes aportamos y sostenemos la obra social.
Exigimos la recuperación de la administración y de la participación de lxs trabajadorxs en los espacios de decisión del IPROSS.
Asimismo, ante el anuncio público realizado por el Gobernador, solicitamos que el Poder Ejecutivo remita y haga público el proyecto de ley anunciado, junto con sus fundamentos y alcances, para que pueda ser conocido, analizado y debatido por lxs trabajadorxs y las organizaciones sindicales.
No aceptamos que se pretenda presentar como una “libertad” una decisión que puede profundizar el vaciamiento de nuestro sistema solidario de salud. Si el Gobierno realmente pretende garantizar el derecho a elegir, primero debe garantizar el derecho a una obra social pública, solidaria, transparente y de calidad.
Hoy podemos asegurar que el futuro de la salud de miles de trabajadorxs de nuestra provincia está en peligro. Y eso, de libertad, no tiene nada.
Vaciar la obra social de lxd trabajadorxs no es sinónimo de elegir libremente.
Lo que necesitamos es poder decidir colectivamente sobre nuestra salud.
Gral. Roca – Fiske Menuco, 10 de septiembre de 2026
Consejo Directivo Central – UnTER
