Un 27 de septiembre de 1990, Argentina sancionaba la Ley 23.849, incorporando la Convención sobre los Derechos del Niño a nuestra legislación. Desde entonces, niñas, niños y adolescentes son reconocidxs como sujetos plenos de derechos: a la educación, la salud, la identidad, la protección, a crecer en condiciones adecuadas y a ser escuchadxs.

Pero los derechos no se garantizan con leyes si las políticas públicas los convierten en letra muerta.

En Argentina y en Río Negro, el ajuste impacta directamente sobre las condiciones en las que crecen nuestras infancias: cuando se recorta en educación, salud, alimentación, protección social, vivienda y políticas de cuidado, se recortan derechos.

Millones de niñas, niños y adolescentes siguen atravesando situaciones de pobreza, el presupuesto nacional destinado a la niñez enfrenta cada vez mayores restricciones.

Desde las escuelas lo vemos todos los días: no hay derecho a la educación sin escuelas en condiciones, sin docentes suficientes, sin salarios que permitan sostener la vida y sin políticas que acompañen a las familias.

Defender los derechos de las infancias es defender la escuela pública, la salud pública, el acceso a la alimentación, la protección social y todas las políticas que garanticen igualdad.

Las infancias no son una variable de ajuste.
Los derechos no se recortan.
Se garantizan. Se defienden. Se conquistan.

Por una Argentina y una provincia donde cada niña, niño y adolescente pueda ejercer efectivamente todos sus derechos.