Desde el Consejo Directivo Cental de UnTER expresamos nuestro acompañamiento y solidaridad con las compañeras de la Seccional Ingeniero Jacobacci y las organizaciones que repudiaron el accionar policial durante la convocatoria del 8M.
En el marco del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, desde UnTER se advierte que el actual contexto de ajuste y la reciente reforma laboral profundizan la precarización de la clase trabajadora, con un impacto aún mayor sobre mujeres y disidencias. El recorte de políticas de género, el cierre de cargos y el desfinanciamiento educativo trasladan más cargas de cuidado a las familias y especialmente a las mujeres. Frente a este escenario, se reafirma que la lucha feminista es inseparable de la defensa de los derechos laborales, la educación pública y la plena implementación de la ESI, convocando a llenar las calles este 8M y 9M.
El gobierno de Río Negro decidió autorizar el descuento salarial a quienes adhieran al paro de mujeres y disidencias del 9 de marzo, una medida que castiga a las docentes por ejercer su derecho a la protesta en una jornada histórica del movimiento de mujeres. En un sector conformado mayoritariamente por trabajadoras, la decisión expone la contradicción entre los discursos oficiales sobre igualdad y las políticas que disciplinan económicamente a quienes visibilizan las desigualdades y defienden sus derechos.
Este 9 de marzo las mujeres y disidencias paramos para decir basta de ajuste, basta de violencia y basta de precarización.
En el segundo día del paro provincial, la docencia rionegrina volvió a movilizarse en toda la provincia, ratificando la contundencia de la medida ante la falta de respuestas del gobierno y la negativa a convocar a paritaria. Desde UnTER exigimos convocatoria urgente, recomposición salarial real, regularización del IPROSS, derogación de las auditorías médicas privadas y no al cierre de cargos y residencias. Sin respuestas concretas, la docencia seguirá en la calle defendiendo sus derechos y la Educación Pública.
La Secretarias de DDHH, Género e Igualdad de Oportunidades comparte la agenda de trabajo que propone llevar adelante durante el mes de Marzo
Desde UnTER reafirmamos que la interculturalidad es una conquista construida por la militancia de las comunidades originarias y la docencia comprometida, frente a políticas que históricamente buscaron homogeneizar e invisibilizar identidades. En ese marco, denunciamos un nuevo acto discriminatorio en la Línea Sur, donde se vulnera el Derecho Social a la Educación al negar sin fundamentos el acceso de estudiantes mapuche a residencias escolares, incumpliendo la Ley Indígena Provincial Nº 2287 y la normativa vigente. Acompañamos el reclamo de docentes y familias afectadas y ponemos a disposición todos los recursos necesarios para garantizar el acceso, la permanencia y la inclusión educativa en el territorio.
Rechazamo el proyecto, que se debatirá en el Congreso, para bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años y habilitar un régimen penal más severo para adolescentes porque no previene el delito ni aborda sus causas, por el contrario, profundiza la criminalización de la pobreza, estigmatiza a las juventudes de los sectores populares y fortalece un enfoque punitivo que amplía el poder discrecional de las fuerzas de seguridad, en un contexto de retroceso de las políticas sociales, educativas y de contención por parte de los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales.
El gobierno nacional abrió sesiones extraordinarias para avanzar en una reforma laboral, la baja de la edad de punibilidad y la modificación de la Ley de Glaciares. Medidas distintas con una misma orientación: recorte de derechos, debilitamiento del cuidado de lo común y avance de un modelo extractivo que pone en riesgo el agua, los territorios y el futuro. Defender la Ley de Glaciares es defender la vida, y no se negocia.
A cinco años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, reafirmamos que el aborto legal, seguro y gratuito fue una conquista histórica del movimiento feminista y de personas con capacidad de gestar. Sin embargo, su cumplimiento sigue siendo desigual: persisten obstáculos institucionales, uso abusivo de la objeción de conciencia, falta de información y profundas desigualdades territoriales que vulneran derechos básicos. En un contexto de ajuste y desfinanciamiento de la salud pública, defender la IVE hoy implica exigir su garantía efectiva en todo el país y sostener la Educación Sexual Integral como herramienta clave para la prevención y el derecho a decidir.