El gobierno de Río Negro decidió autorizar el descuento salarial a quienes adhieran al paro de mujeres y disidencias del 9 de marzo, una medida que castiga a las docentes por ejercer su derecho a la protesta en una jornada histórica del movimiento de mujeres. En un sector conformado mayoritariamente por trabajadoras, la decisión expone la contradicción entre los discursos oficiales sobre igualdad y las políticas que disciplinan económicamente a quienes visibilizan las desigualdades y defienden sus derechos.