Rechazamo el proyecto, que se debatirá en el Congreso, para bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años y habilitar un régimen penal más severo para adolescentes porque no previene el delito ni aborda sus causas, por el contrario, profundiza la criminalización de la pobreza, estigmatiza a las juventudes de los sectores populares y fortalece un enfoque punitivo que amplía el poder discrecional de las fuerzas de seguridad, en un contexto de retroceso de las políticas sociales, educativas y de contención por parte de los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales.