UnTER expresa su repudio a la inclusión del asesino del compañero Carlos Fuentealba, en el listado de posibles beneficiarios a prisión domiciliaria por la epidemia del COVID 19. Si bien no hay pedido oficial, esta decisión de la policía neuquina, expresa que continúa actuando corporativamente, desconociendo las sugerencias de la CIDH que expone claramente cuáles son los casos de privación de libertad que deberían observarse, y en ningún caso avala a responsables de crímenes violentos.
La circulación de esta información en Neuquén, lo mismo que en Río Negro, respecto de la posible domiciliaria a Claudio Kielmasz, único condenado por el triple crimen de Cipolletti, resulta por lo menos sospechosa sobre la verdadera intencionalidad de los actores de la Justicia, respecto de la situación en las cárceles del país en general y de la región en particular.
Los organismos internacionales como la OMS, ONU, la Corte Interamericana, han puesto en cuestión la situación de riesgo sanitario que atraviesan las instituciones de contexto de encierro, por ello sugiere que se revisen las situaciones de las personas privadas de libertad incluidas en sectores de riesgo por edad, enfermedades preexistentes y aquellas próximas a cumplir su condena por delitos menores, con el objetivo de descomprimir la sobrepoblación en esas instituciones que es un problema en el mundo.
Desde los organismos de Derechos Humanos se trabaja al respecto haciendo la salvedad que no pueden encuadrarse a quienes purgan pena por delitos de Lesa Humanidad, Violencia de Género o asesinos como Poblete o Kielmasz. Es por ello, que cualquier intento de liberarlos es repudiable, y además pone en evidencia que siguen intentando beneficiarlos para sostener la impunidad de quienes son corresponsables de los crímenes que cometieron y que permanecen impunes.
Consideramos que es urgente poner en debate la cuestión carcelaria, porque es evidente que la política represiva del gobierno anterior solo apuntó a reprimir a los sectores populares y lxs adversarios políticos, sin mediar las consecuencias, que implicó llenar los penales de pobres. Entendemos que hay funcionarixs que no quieren profundizar en esta problemática y eligen la vía más perversa, sumando malestar y miedo en las comunidades, sin un análisis crítico de la problemática sanitaria en la que estamos inmersxs.
Continuamos exigiendo Justicia, para que ningún crimen quede impune. Como así también la continuidad de las investigaciones para llevar al banquillo a los responsables ideológicos y políticos del fusilamiento del compañero Fuentealba. No a la domiciliaria para responsables de crímenes aberrantes. Si a la revisión de todos los casos que permitan evitar que las instituciones penitenciarias se conviertan en focos de contagio y pongan en riesgo de colapso al sistema de salud pública.
Villa Regina, 7 de mayo de 2020.
María Inés Hernández, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades.
Viviana Orellano, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura.
Patricia Ponce, Secretaria Gremial y de Organización.
Silvana Inostroza, Secretaria Adjunta.
Sandra Schieroni, Secretaria General.
