¿Qué discuten los legisladores en la provincia de Río Negro?

Desde nuestra organización denunciamos públicamente y repudiamos los proyectos legislativos que pretenden modificar el artículo 12 y 143 del Estatuto Docente (Ley N° 391), incorporando como requisito para el ingreso a la docencia la acreditación de una residencia mínima y continua de dos años en la provincia; y el reconocimiento de un puntaje especial para lxs egresadxs de Institutos de Formación Docente Continua de Río Negro en detrimento de lxs egresadxs de Universidades Públicas Nacionales.

Resulta inaceptable que se avance sobre aspectos centrales de nuestro Estatuto Docente sin la participación, ni la consulta a quienes todos los días sostenemos la educación pública. Una vez más, se pretende legislar sobre las condiciones de acceso al trabajo docente sin convocar a la docencia, desconociendo el ámbito natural donde estas discusiones deben darse.

La incorporación de un requisito de residencia mínima y continua de dos años en la provincia para el ingreso a la docencia no garantiza mejores condiciones para la educación pública, ni asegura un mayor conocimiento de las realidades territoriales. La pertenencia a una comunidad educativa no puede reducirse a una condición administrativa vinculada al tiempo de residencia. Ser residente de Río Negro no constituye, por sí mismo, una garantía absoluta de conocimiento de las comunidades, así como tampoco la procedencia de otras provincias implica desconocerlas.

La exigencia de residencia previa constituye una barrera para el acceso al trabajo que contradice el principio de igualdad de oportunidades entre ciudadanxs argentinxs, independientemente de la provincia en la que hayan residido o cursado sus estudios. El sistema de clasificación docente debe valorar la formación, la capacitación y la trayectoria profesional, no el lugar geográfico donde se obtuvo el título. Lo contrario implica desvirtuar los principios de igualdad y mérito que sustentan el régimen de ingreso y ascenso.

Además, querer anexar puntaje dependiendo del lugar de formación, es desconocer la realidad de muchxs jóvenes rionegrinxs que se ven obligadxs a cursar estudios superiores fuera de la provincia debido a la insuficiente oferta formativa existente en distintas regiones y especialidades con cuya propuesta educativa no se garantiza en esta provincia. Paradójicamente, muchxs de quienes nacieron en Río Negro, se fueron a estudiar a otro lugar por necesidad y regresaron a trabajar en sus comunidades podrían verse perjudicadxs por medidas que dicen defender el arraigo, pero que terminan generando nuevas barreras para el acceso al trabajo docente.

📍El verdadero problema de fondo

La incorporación de requisitos de residencia para el ingreso a la docencia y el puntaje diferenciado desvían la discusión de los problemas que hoy afectan verdaderamente al sistema educativo y a quienes lo sostienen cotidianamente.
Hace años que la docencia rionegrina desarrolla su tarea en un contexto de deterioro salarial, sobrecarga laboral y creciente precarización. Los salarios han perdido capacidad de respuesta frente al costo de vida, obligando a miles de trabajadorxs a acumular cargos, recorrer extensas distancias entre instituciones o complementar sus ingresos con otras actividades para garantizar su subsistencia.

La realidad cotidiana de las escuelas exige discutir las condiciones materiales en las que se enseña y se aprende. Sostenemos que un cargo debería cubrir el costo de vida, asegurando así, por un lado mayor oferta de cargos y por el otro, educación de calidad debido a la dedicación exclusiva que se generaría en una jornada no extenuante. Sin embargo, en lugar de abordar las demandas urgentes de la docencia y las comunidades educativas, se impulsan proyectos que establecen nuevos requisitos de acceso al trabajo docente sin aportar soluciones a los problemas estructurales que atraviesa la educación pública.

Las urgencias de la escuela pública son otras: salarios dignos, infraestructura adecuada, estabilidad laboral, acceso a la vivienda, formación permanente, mejores condiciones de trabajo y políticas educativas construidas junto a quienes habitan diariamente las instituciones.

Hoy, la sobrecarga de tareas también responde a la cantidad de problemáticas que atraviesa la escuela pública. Sin equipos técnicos por institución, con muchísimos dispositivos desfinanciados y con una realidad que afecta las condiciones de vida de estudiantes y familias, dentro de la escuela se generan trayectorias diferenciadas que requieren acompañamiento. Generar parejas pedagógicas en cada aula, mejora la calidad educativa y genera cargos más que necesarios.
Por eso sostenemos que el debate no debe centrarse en imponer condiciones vinculadas al lugar de residencia, sino en generar las condiciones necesarias para lxs trabajadorxs de la educación puedan desarrollar su tarea con derechos, estabilidad y perspectivas de futuro en nuestra provincia.

El arraigo no se decreta, ni se impone por ley. El arraigo se construye garantizando trabajo digno, salarios justos, condiciones laborales adecuadas y una educación pública fortalecida en cada rincón de Río Negro.

General Roca – Fiske Menuco, 10 de junio de 2026

Consejo Directivo Central – UnTER