En tiempos políticos en los que se están priorizando los espacios de consensos para la toma de decisiones, el gobierno provincial pretende, con una ley, coartar los espacios democráticos en el CPE y en los Consejos Escolares. Desde UnTER rechazamos en todos sus términos este anteproyecto, presentado en noviembre de 2019, y denunciamos este intento de silenciar las voces y representaciones de madres, padres y estudiantes.

La Constitución de nuestra Provincia, en el artículo 65, entre otras consideraciones expresa “…La administración local y el gobierno inmediato de las escuelas en cuanto no afecten a la parte técnica, están a cargo de consejos escolares electivos que funcionan en cada una de las localidades, los que se integran con vecinos, alumnos y docentes que residen en el lugar”.

La actual Ley de Educación, N° 4819, expresa esta obligación y por manejos que hemos denunciado, desde las esferas del, poder impidieron que esto se cumpla. El proyecto presentado en lugar de exigir que se cumpla la constitución y la ley pretende borrar definitivamente la participación y elección de quienes constituyen el sistema educativo.  Impedir la posibilidad de la elección directa de la Vocalía Madre/Padre, recortar el tiempo de mandato, anular la participación efectiva de las comunidades educativas, con la excusa de que los Consejos Escolares deben ser ágiles porque están para resolver los problemas cotidianos de los establecimientos educativos refleja que, para el oficialismo, la educación se resuelve a partir de actos administrativos, sin debates ni análisis político de quienes, justamente están en el día a día escolar. El espacio de los Consejos Escolares es el lugar donde las partes deben analizar documentos, definiciones y responsabilidades políticas para que se cumpla el derecho a la educación con todos los elementos necesarios y suficientes. Esto es lo que se quiere seguir impidiendo.

La Ley Orgánica de Educación de Río Negro, tiene aspectos destacables en su constitución respecto de la construcción de consensos, cuando determina que el CPE se erige como el ámbito natural de concertación, acuerdo y coordinación de la política educativa provincial, entendido como un cuerpo colegiado con representación de todos los actores como son el Ministerio, lxs docentes, madres y padres. Con el mismo espíritu propone la creación de los consejos escolares locales donde además se suman lxs estudiantes.

Desde UnTER, hace años que venimos exigiendo que se cumpla con la Ley. Primero con el gobierno radical, que se encargó no solo de desconocer la legislación sino también intentó vaciar el CPE, y no pudo por la férrea resistencia del sindicato.

El cambio de color político no fue mejor, se definió unilateralmente la elección de la representación de madres y padres por la legislatura, es decir “a dedo”, atando esta vocalía al proyecto oficialista, de la misma manera actuó con la conformación de los consejos escolares. Antes de irse a sus nuevos cargos, Weretilneck y Silva, dejaron un anteproyecto en la legislatura que pretende legitimar estas decisiones y borra de un plumazo la participación de la comunidad educativa. Con esta propuesta ponen al desnudo su verdadero pensamiento.   Tantos años de implementación parcial de la norma, llega el momento de hacer normal lo incorrecto y ello implica la necesidad de repensar la forma de representación al gusto y satisfacción de lxs que gobiernan. Nunca se resuelve anulando derechos establecidos, siempre ampliándolos y cumpliendo las normas. Eso no es democracia, sino autoritarismo en su más pura expresión. Como sindicato reivindicamos nuestra participación en el Cuerpo Colegiado, y la forma en que son electxs nuestrxs representantes. Por ello, exigimos igualdad de criterios para todxs lxs integrantes del CPE, como garantía de independencia a la hora de tomar definiciones en defensa de la educación pública al servicio del pueblo.

La Ministra Jara Tracchia ha expresado en numerosas ocasiones que todo acto educativo es un acto político, con el peso simbólico que tiene esta definición. Esta línea de pensamiento es insostenible, si en la práctica, se impone una política educativa donde las resoluciones anulan la participación de un sector de la comunidad, central en el sistema educativo. Muchas de las falencias que atraviesan a la educación pública en Río Negro, están directamente relacionadas con la incapacidad de escucha de lxs funcionarixs, que este anteproyecto, además, pretende legitimar.

UnTER denuncia este intento de avasallar derechos y exige a lxs legisladorxs del oficialismo que retiren este anteproyecto y a lxs de la oposición que rechacen este intento de modificación de la Ley de Educación. Corresponde contar con un cuerpo colegiado con la representación de toda la comunidad educativa para asumir definiciones reales y consensuadas, siempre que los gobernantes  se precien de ser democráticxs.

Villa Regina, 7 de agosto de 2020.

 Viviana Orellano, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura.
Patricia Ponce, Secretaria Gremial y de Organización.
Silvana Inostroza, Secretaria Adjunta.
Sandra Schieroni, Secretaria General.