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La prevención y atención de la salud de lxs trabajadorxs es un derecho humano que el Estado debe garantizar

El acceso a la salud es un derecho humano fundamental, que impone tres niveles de obligatoriedad a los Estados para garantizarlo: el deber de Respetar, la obligación de Proteger, la obligación de Cumplir.  Para lxs trabajadorxs de Río Negro, este derecho es avasallado continuamente por el gobierno y sus funcionarixs, que carecen de una perspectiva integral a la hora de tomar definiciones sobre reconocimiento de licencias laborales.

El accionar de algunas Juntas Médicas suma reclamos por definiciones arbitrarias que agregan padecimientos, en vez de acompañar y resolver las situaciones de salud que aquejan a trabajadorxs. Existen situaciones de compañerxs docentes,  a quienes la Junta no les otorgan o justifican las licencias porque “tipifican” sus afecciones, sin contemplar la labor que desarrollan, ni respetan los diagnósticos de sus médicxs de cabecera.

Desde hace tiempo, se observa el avance en el recorte de derechos respecto de las licencias docentes y readecuación de tareas, sin fundamentaciones adecuadas en los dictámenes. Desde el Departamento de Salud de UnTER se denuncian sistemáticamente estas situaciones, que además deslegitiman prescripciones de médicxs tratantes. Como consecuencia de estas decisiones, no solo se pone en riesgo la salud de compañerxs, también pueden sumar el perjuicio económico de reducción o quita del salario.

También se radican denuncias por el destrato que algunxs miembros de las Juntas para con lxs docentes. Resulta inadmisible que sean médicxs, convertidxs en funcionarixs olviden sus juramentos hipocráticos y hostiguen a personas que atraviesan enfermedades graves, provoquen más angustia en momentos de vulnerabilidad psicofísica.

Párrafo aparte merecen algunxs funcionarixs del Ministerio de Educación y Derechos Humanos que se permiten interpretar las resoluciones que regulan la licencia por violencia de género. Si bien en la teoría la normativa rionegrina es de avanzada en esta materia, en la práctica deja mucho que desear. 

Existen personas en diferentes estamentos administrativos que desconocen la legislación y sus responsabilidades como funcionarixs públicos que obstaculizan el acceso a esta licencia, descreen de las palabras de las compañeras y disidencias, por cuestiones burocráticas las obligan a relatar una y otra vez sus padecimientos, por ende violan los principios de confidenciabilidad y respeto a la integridad. Urge la formación en la Ley Micaela, de manera obligatoria y presencial para todxs, porque evidentemente lo autogestionado no permite comprender de que se habla cuando se habla de un trato humanitario con perspectiva de género.

Desde el Departamento de Salud en la Escuela y la Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades de UnTER exigimos la apertura de instancias de debate y discusión con representantes de las Juntas Médicas provinciales para abordar estas y otras temáticas que atraviesan muchxs trabajadorxs de la educación.  Es fundamental contar con nuevas instancias de apertura al diálogo, que permitan discutir directamente con quienes intervienen en las definiciones, por un lado el órgano contralor de Salud con médicxs que evalúan y emiten dictámenes  y por otro, el gobierno que es quien define y emite la norma respectiva. El acceso a la prevención y cuidado de la salud de lxs trabajadorxs estatales también son derechos que deben estar garantizados por el Estado.

Gral. Roca – Fiske Menuco, 5 de mayo de 2023

María Inés “Lua” Hernández, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades.
Silvia Toloza, Secretaria de Salud en la Escuela.
Pablo Holzmann, Secretario de Prensa, Comunicación y Cultura.
María Castañeda, Secretaria Gremial y de Organización.
Gustavo Cifuentes, Secretario Adjunto.
Silvana Inostroza, Secretaria General.