Omar Carrasco era un joven de Cutral Có, que desapareció el 6 de marzo de 1994 en el predio del Grupo de Artillería 161 de Zapala, adonde había ingresado 3 días antes para cumplir con el servicio militar. Su cuerpo apareció exactamente un mes después. El impacto del caso determinó el fin del servicio militar obligatorio, pero no las prácticas crueles y degradantes en las fuerzas armadas y policiales.
En plena democracia, el ejército implementó todos los métodos de la dictadura, lo declaró desertor, no lo buscó hasta que la familia hizo pública la situación e intervinieron los organismos de Derechos Humanos y los medios de comunicación pusieron el foco en el sur. Intervino Inteligencia del Ejército, se armaron los pactos de silencio más convenientes. En el juicio se comprobó, entre otras aberraciones, que fue torturado y desaparecido, que había agonizado por lo menos dos días y que el cuerpo había estado oculto hasta que “decidieron” hacerlo aparecer.
En el juicio fueron condenados el subteniente Ignacio Canevaro -con una pena de 15 años-, y los soldados Víctor Salazar y Cristian Suárez, con 10 años. Al sargento Carlos Sánchez le impusieron una condena de tres años por encubrimiento. Para el Ejército era caso cerrado, los responsables habían cometido estos excesos en absoluta soledad. Paradójicamente, la declaración de otro militar, el ex capitán del Ejército Rodolfo Correa Belisle, expuso el encubrimiento institucional y la intervención de Inteligencia. Lógicamente lo pasaron a retiro primero, y después lo expulsaron. Continuó la causa hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde le dieron la razón y obligaron al Estado argentino a derogar el Código de Justicia Militar.
Omar Carrasco fue víctima de las prácticas aberrantes naturalizadas contra los “colimbas”, acrónimo de corre limpia barre, las tareas más frecuentes de los soldados. El baile, los tratos humillantes, las vejaciones, las delaciones para salvar el pellejo, eran parte de la vida en el cuartel. Era creencia popular que así se hacían hombres. Las vejaciones no pararon ni siquiera en la Guerra de Malvinas, luego de años de lucha se logró que se las tipificara como delito de lesa humanidad, en el marco de la acción bélica.
Vale recordar que el servicio militar obligatorio se creó en 1901, por iniciativa del ministro de Guerra de ese momento, teniente general Pablo Riccheri, con el objetivo de “difundir la idea de ciudadanía y de igualdad ante la ley, y alfabetizar e integrar a los hijos de inmigrantes, además de aumentar el patriotismo en todos los varones”, sin distinción de clases ni origen. Ideario del entonces presidente Julio Argentino Roca.
El servicio militar quedó incorporado en el sentido común como herramienta de formación ciudadana. En el 2007, el senador Olmedo de Salta lo vuelve a proponer para terminar con “el flagelo de los que no estudian ni trabajan” y terminar con la delincuencia. En el 2019, el presidente Mauricio Macri creó el «Servicio Cívico Voluntario en Valores», con el mismo criterio, sumado a permitir el ingreso de mujeres. El problema es que, aún con los cambios y el intento de democratización de las fuerzas, no cambiaron las prácticas. Las denuncias por excesos continúan, soldados muertos luego de “ceremonias de ingreso”, con secuelas psicofísicas por malos tratos. En definitiva, la pedagogía de la crueldad sigue prevaleciendo.
En junio de 2023, el soldado voluntario Pablo Córdoba, de 21 años, apareció muerto de dos disparos de un fusil FAL, mientras estaba de guardia en el mismo regimiento de Zapala donde asesinaron a Carrasco. Aunque el Ejército intentó negarlo, los puntos en común en ambos casos son numerosos: intentaron desviar la investigación indicando un suicidio, armaron sumarios paralelos para presionar testigos, actuaron jueces subrogantes que separaron las investigaciones, por un lado el homicidio y por otro el encubrimiento. En el caso Carrasco, el encubrimiento se diluyó en el tiempo. El padre de Pablo, Juan José, es militar y conoce por dentro al Ejército, por ello denuncia cada instancia judicial que podría obstaculizar llegar a la verdad. Así logró separar del cargo al Juez Horacio Greca, por dilatar los tiempos.
En un acto de jura de la bandera en Zapala, Juan José Córdoba pidió la palabra y dijo “«el o los asesinos de mi hijo están formados aquí entre nosotros o llevan el mismo uniforme«. Por esto, ya recibió amenaza de sanción. Sabe lo que significa, como le pasó a Correa Belisle. Pero como él, y con razones más poderosas, seguirá hasta saber la verdad y que los responsables sean juzgados.
La semana pasada el Ministro de Defensa, Luis Petri, anunció el regreso de la obligatoriedad del servicio militar, con los mismos argumentos liberales. En un contexto negacionista, en el que se reivindica a genocidas, se niega el terrorismo de Estado y se criminaliza la protesta, a lxs jóvenes y toda persona que piense diferente, este anuncio da escalofríos. En menos de tres meses destruyeron todos los programas sociales, el presidente Javier Milei dice que la escuela pública es un antro de rojos, se desfinancian las universidades, los comedores populares y se pretende mercantilizar los clubes de barrio. Para este gobierno parece que la única solución posible es abrir los cuarteles e imponer la pedagogía de la crueldad para la formación ciudadana.
Como trabajadorxs de la educación luchamos por una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Por ello, repudiamos todo intento de volver al pasado. Nuestrxs jóvenes necesitan que se respeten sus derechos a la educación y la salud, a comer todos los días, a que sus familias tengan trabajo digno y puedan elegir con verdadera libertad su destino. Como dicen las paredes: “Más libros, menos armas”.
General Roca – Fiske Menuco, 8 de marzo de 2024.
María Inés “Lua” Hernández, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades
Pablo Holzmann, Secretario de Prensa, Comunicación y Cultura
María Castañeda, Secretaria Gremial y de Organización
Gustavo Cifuentes, Secretario Adjunto
Silvana Inostroza, Secretaria General
