Queremos ser clarxs: nuestra posición no cuestiona el Derecho a una Educación Inclusiva ni la necesidad de fortalecer políticas que garanticen derechos. Por el contrario, quienes sostenemos cotidianamente las escuelas conocemos las realidades concretas que atraviesan estudiantes y trabajadorxs de la educación y sabemos que la verdadera inclusión requiere políticas públicas, recursos suficientes y condiciones que permitan garantizar efectivamente el Derecho a la Educación.

En nuestra provincia existe normativa vigente que establece herramientas y garantías para la inclusión. Reafirmamos la necesidad de cumplir plenamente con la Resolución Nº 3438/11, así como con las leyes nacionales y provinciales que protegen el Derecho a la Educación de todxs.

Desde nuestra organización sindical sostenemos, además, que cualquier modificación de una Ley educativa debe ser debatida y consultada en los ámbitos que corresponden. La propia Ley 4819 reconoce este derecho: en sus artículos 147 y 148 establece la participación de lxs trabajadorxs de la educación y de su organización sindical en la discusión de las condiciones laborales y las políticas que atraviesan nuestro trabajo.

La paritaria no puede limitarse únicamente a la discusión salarial. Lxs trabajadorxs de la educación no somos merxs ejecutorxs de las transformaciones educativas: somos protagonistas y sujetos de construcción de la política educativa.

Por eso exigimos participación real, debate colectivo y respeto por los ámbitos de representación sindical. La participación de lxs trabajadorxs no puede ser reemplazada por una mera consulta institucional.