Dos jornadas de paro. Dos meses de espera. Ninguna respuesta

En el segundo día del paro provincial de 48 horas, la docencia rionegrina volvió a las calles y realizó acciones en distintas localidades para exigir respuestas al Gobierno Provincial. UnTER reclama una convocatoria urgente a paritaria y soluciones concretas frente a la situación salarial, edilicia, el cierre de cargos y las políticas que afectan a la educación pública y a lxs trabajadorxs.

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Primer jornada de paro de 48 horas

Durante la primera jornada del paro provincial de 48 horas, permanecimos en el Ministerio de Educación y Derechos Humanos para reiterar el pedido de una convocatoria urgente a paritaria. Mientras tanto, las acciones definidas en el marco del paro continuaron en los distintos puntos de Río Negro por respuestas concretas para la educación pública.

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Paro provincial docente

Paramos por escuelas en condiciones, salarios dignos, más presupuesto, por el derecho de cada estudiante a una educación pública de calidad. Paramos por la regularización del Ipross y la derogación de la auditorias médicas privadas. Por el avance sobre nuestro estatuto. ¡El gobierno provincial le debe dar respuesta a lxs trabajadorxs de la educación!

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Rechazamos el inminente tratamiento de la Ley de Extranjerización de Tierras y el saqueo de nuestros recursos comunes

UnTER manifestó su rechazo al inminente tratamiento del proyecto nacional que habilita la profundización de la extranjerización de tierras y favorece el avance del extractivismo. El sindicato se declaró en estado de alerta y movilización, denunció una nueva entrega de la soberanía y exigió el rechazo inmediato de una iniciativa que pone en riesgo los bienes comunes, los territorios y los derechos de las comunidades.

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No es una interna sindical. Es la consecuencia de un modelo político que decidió ajustar sobre la educación pública

No es una interna sindical. Es la consecuencia de un modelo político que ajusta sobre la educación pública. La falta de convocatoria al diálogo, el deterioro salarial, el cierre de cargos y la desinversión profundizan un conflicto cuya responsabilidad es del gobierno provincial.

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