Desde la CTA Río Negro y la UnTER Central apoyamos todas las actividades que se realizan en la comarca andina del paralelo 42 y sobre todo la marcha que se realiza el sábado 14 en El Bolsón, al cumplirse un año de la muerte de Guillermo Coco Garrido, en la comisaría de El Bolsón.
Coco era un joven oriundo de Epuyén que estaba trabajando en Bariloche. De paseo con su familia en El Bolsón fue detenido por un incidente menor de tránsito y terminó muerto a las dos horas. Este hecho inicialmente se pretendió calificar como un suicidio, donde el juez Calcagno de Bariloche actuó liviana y rápidamente para cerrar el caso y consagrar la impunidad de los policías que en El Bolsón comandaba el nefasto comisario Cabrera. El mismo que, en conjunto con el ex intendente Romera apretaba a nuestras/os compañeras/os cuando realizaron marchas y reclamos, así como el espionaje y registro del estudiantado secundario y terciaro movilizado en El Bolsón por la dignidad de los edificios escolares.
La lucha consecuente de la familia de Coco y de distintas organizaciones, consiguió que se reabriera el caso y que un equipo de de peritos expertos de la procuración bonaerense interviniera en la causa, a pedido de la procuración rionegrina. Esta nueva pericia cuestiona los groseros fallos de la primera autopsia realizada por forenses locales. Los peritos sostienen en su informe que Garrido había recibido un golpe en la nuca con un objeto duro y romo. Así quedó demostrado que hubo violencia policial y que es muy probable que se trate de otro asesinato policial negado y mentido, como ha habido tantos en la provincia en los últimos años, mientras duró el reinado del comisario Cufré como “secretario de inseguridad”.
Consecuentes con nuestro permanente reclamo de justicia por éste y los demás casos de crímenes impunes en Río Negro, sostuvimos desde junio de 2010 la separación de sus cargos de Cufré y de Larreguy, algo que solo sucedió cuando terminó el gobierno de Saiz. Ahora seguimos luchando para que se haga justicia y que estos personajes respondan, no sólo por los delitos económicos que se les imputan, sino también por estos graves hechos de violencia institucional.
En este sentido creemos que es prioridad fundamental para el nuevo gobierno provincial encarar una decidida reforma de la policía y de la justicia, completando las acciones anunciadas, desde la disolución del BORA, hasta el logro de una seguridad democrática que nos proteja a todas y todos. Es importante el castigo a los que han cometido delitos desde el Estado o desde que cualquier lugar, pero también es fundamental que logremos estar protegidos de la arbitrariedad y la impunidad de las fuerzas de seguridad y de la justicia, que hasta hoy nos ponen a la gente común en permanente riesgo.
13 de enero de 2012.
Luis Giannini, Sec. Gral. CTA Río Negro. Jorge Molina, Sec. Gral. UnTER
