Por aquel entonces mientras el gobierno nacional de Alberto Fernandez, planteaba que «no era un tema urgente», en medio de la pandemia, las consecuencias de la clandestinidad generaban un aumento exponencial de los embarazos no deseados.

Pese al intento de silenciarnos, hoy se cumplen cinco años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, IVE (ley 27610). Fue una conquista histórica, colectiva, nacida de décadas de militancia feminista, de personas con capacidad de gestar, estudiantes y trabajadoras que tomando las calles, que no nos resignamos a que se muriera en silencio ni un cuerpo más. La IVE fue y debe seguir siendo una conquista popular por el derecho a decidir.

Si bien la norma está, la realidad demuestra que la igualdad ante la Ley aún no llegó para todes. Pasados cinco años, la ley se cumple a medias. Existen provincias, municipios, efectores de salud pública y privada donde quienes necesitan acceder a un aborto legal y seguro enfrentan obstáculos sistemáticos que violan, no solo el espíritu de la Ley, sino también derechos humanos básicos. Muchas personas cuentan –y denunciamos– falta de información accesible, protocolos diluidos o inexistentes, demoras injustificadas y profesionales que, bajo el amparo de la objeción de conciencia, niegan atención sin derivar o atender con demoras que ponen en riesgo la salud.

En regiones del interior y en zonas rurales, el acceso efectivo sigue siendo una ilusión: la geografía se convierte en barrera cuando no hay efectores formados o cuando quienes trabajan en ellos se escudan en la objeción individual o institucional. Así, mujeres, personas gestantes y personas trans se ven obligadas a viajar largas distancias, perder días de trabajo, dinero que no tienen, o resignarse a no ejercer un derecho que les pertenece. Son muchísimos los territorios donde también el peso de las iglesias y sectores eclesiásticos continuarán presionando para que el acceso no sea efectivo.

Además de estos obstáculos en la práctica, la IVE también enfrenta resistencias legales que la ponen en tensión. La objeción de conciencia, por ejemplo, se usa de manera expansiva y muchas veces sin regulación clara: hay efectores que declaran objetar colectivamente, generando “zonas blancas” de atención donde nadie está dispuesto a atender. No existe una supervisión efectiva que obligue a garantizar equipos mínimos dispuestos a cumplir la Ley, ni sanciones para quienes, en la práctica, la bloquean. Asimismo, persisten desafíos en torno a la confidencialidad, la atención a adolescentes (donde no existen criterios claros de acceso sin exigencias extras) y las eventuales presiones judiciales o administrativas que buscan interferir con la libre decisión.

A cinco años de la Ley debemos recordar y reforzar que todo esto no es anecdótico. Tiene nombre: violencia institucional, desigualdad de acceso y reproducción de agendas que pretenden socavar una conquista que nos costó miles de muertes por la clandestinidad y la falta de información, décadas de lucha y resistencia colectiva. Esta violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres y personas gestantes no puede pensarse aislada del ajuste y el ataque que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Sus discursos misóginos y de odio son la expresión de una política económica de ajuste que golpea en especial a mujeres, disidencias e infancias, a la vez que apunta particularmente al desfinanciamiento de las políticas públicas donde la salud no es la excepción. Hospitales totalmente desfinanciados, médicos y personal con salarios de hambre, son el escenario donde el derecho a decidir encuentra también estos límites. Esta es una postal que se repite, gobiernos que votan leyes que luego vacían de presupuesto.

Frente a estas barreras se vuelve evidente que la IVE no puede pensarse aislada de la Educación Sexual Integral, ESI. Si queremos que las personas puedan decidir de manera realmente libre y consciente, es indispensable que exista información, herramientas, apertura de diálogo y desmontaje de prejuicios, desde las escuelas públicas hacia todo el tejido social. La ESI es una pieza clave porque permite hablar de cuerpo, deseo, anticoncepción, consentimiento, afectos y derechos sin tabúes. Es la base para que nadie llegue al aborto desde el miedo o la desinformación.

Defender la IVE hoy es también defender la ESI en cada escuela pública del país. Porque sin educación integral, seguimos enfrentando embarazos no deseados, seguimos normalizando silencios que matan, seguimos pagando con desigualdad social. Y porque cada intento de recortar contenidos de ESI en los jardines y escuelas es un intento de socavar la prevención, de negar herramientas y de negar derechos a las generaciones más jóvenes y las que vendrán. Exigimos por ello, mayor presupuesto para que la ESI se aplique en todas las modalidades y niveles del sistema educativo.

A cinco años de aquella conquista histórica, celebramos lo que logramos, honramos el compromiso de quienes estuvieron antes y reafirmamos nuestra voz colectiva contra cualquier intento de retroceso. Sabemos que no basta con la Ley si no se cumple, si el acceso efectivo es desigual, si la objeción se usa para negar atención, si nuestros territorios siguen siendo castas de derechos. Sabemos que la lucha continúa.

Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos no se negocian ni se agradecen: se defienden todos los días. La marea verde sigue viva, porque mientras quede una sola mujer, persona gestante o persona trans sin acceso pleno, seguiremos organizándonos, caminando y exigiendo nuestros derechos. Sin IVE garantizada en los hechos y sin ESI en las escuelas públicas, no hay libertad posible.

EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR
ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR
ABORTO LEGAL PARA NO MORIR

Gral. Roca – Fiske Menuco, 30 de diciembre de 2025.

Cintia Saucedo, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades
Melisa Verbeke, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura
Gabriela Aguilar, Secretaria Gremial y de Organización
Mauricio Ovadilla, Secretario Adjunto
Laura Ortiz López, Secretaria General