Son varias las situaciones que se han dado desde el comienzo del ciclo lectivo 2006 en las que por negligencia, mal desempeño de funcionario público, soberbia e incumplimientos reiterados, generaron inconvenientes a tal extremo de llegar a suspender las clases por largos períodos.
Desde que inició el ciclo lectivo, numerosas escuelas de la provincia fueron noticia porque no comenzaban las clases por problemas edilicios, en varias de ellas esos inconvenientes se trasladaron hasta hace algunos días atrás, provocando pérdida de días de clases. En algunos casos, donde las clases comenzaron igual con inconvenientes, pero con la buena predisposición de padres, docentes y alumnos. La buena voluntad se transforma en dejadez por parte del Estado, como es el caso de la escuela 341, 349, CENS 17 y jardín 62 de Viedma, sin gas desde hace 21 días; o como el CEM 51 de Bariloche con clases entrecortadas y sin talleres; o como las escuelas primarias y secundaria de Ñorquinco prácticamente sin establecimientos; ejemplos, entre otros muchos, en toda la provincia.
Si a esto le sumamos los incumplimientos de los acuerdos en las actas paritarias homologadas, con respecto al tema de recomposición salarial; que pone en riesgo seriamente la validez del ámbito de la Secretaría de Trabajo como institución mediadora en acuerdos de parte.
Y, teniendo en cuenta que hace dos semanas aproximadamente la Legislatura sancionó una Ley modificando el concepto movilidad docente, donde se reduce en un 44% el pago de dicho concepto, poniendo en riesgo la continuidad del funcionamiento de los establecimientos rurales y de los sectores que más lo necesitan.
Todos estos elementos, que son apenas algunos de los inconvenientes que atraviesan al sistema educativo provincial, dejan entrever que a pesar de la publicidad vigente en nuestra provincia, sigue existiendo un gran abandono por parte del Estado en educación.
Por todo ello, advertimos a la sociedad que la pérdida de días de clases y los inconvenientes que estos problemas acarrean a toda la comunidad; como así también las consecuencias causadas por la Ley de movilidad, sancionada gracias a la obsecuencia de legisladores del oficialismo, son responsabilidad absoluta del gobierno de provincial.
Gral. Roca, 17 de abril de 2006.
Marcelo Nervi, Secretario Adjunto
Carlos Tolosa, Secretario General
