Después de vivir 25 años en democracia existen términos y acciones que se suponen desterrados porque su sola mención remite a los momentos más oscuros de nuestra historia. Uno de ellos es la “prescindibilidad laboral”. De hecho, la diputada nacional Patricia Fadel ha presentado un proyecto para resarcir a quienes padecieron esta nefasta medida en épocas de dictadura, entre ellos, compañeros/as del sindicato.

Esta medida, según Fadel, “busca otorgar a las personas injustamente cesanteadas una reparación al daño causado por el Estado, quien castigó y persiguió a los agentes por su ideología, su posición política o gremial, con el agravante de que estos hechos fueron generados por imperio de la violencia de Estado”.

Frente a esto, hablar de prescindibilidad laboral en tiempos de democracia puede parecer un exceso o un alarmismo innecesario. Sin embargo, en Río Negro se suceden una serie de situaciones preocupantes, fundamentalmente porque no son producto de un funcionario nostálgico de otras épocas, sino de una metodología del gobierno, en un intento de disciplinamiento para desalentar reclamos sociales.

Los trabajadores y las trabajadoras de la educación de esta provincia saben que este accionar ha tenido distintas variantes a lo largo de todos los gobiernos constitucionales, que no casualmente pertenecen al mismo signo partidario. Basta recordar en los ´90 cuando resistimos, muchas veces en soledad, las políticas de esa década y padecimos el ajuste salarial más salvaje que registró el país; implementado a través de la represión de las manifestaciones por el BORA-fuerza de choque creada con ese fin-, descuentos de huelga y campañas de desprestigio.

Todos estos ataques fueron denunciados y confrontados por el sindicato. Sin embargo, la caza de militantes y la solapada persecución que ha desplegado el gobierno no tienen precedentes. Lo más grave y perverso es que se realiza paralelamente a un discurso progresista. Se tergiversan estamentos del Estado para perseguir laboralmente a quienes piensan distinto, y son “marcados” por el poder político. Ese accionar se corresponde exactamente con la figura de “prescindibilad laboral”, y así ha sido denunciado por UnTER. En la gestión de Miguel Saiz hay dos casos concretos en los que se aplica solapadamente esta figura:

Director Escuela Nº 317

En mayo del 2008, mientras se debatía en la provincia el caso Flavors, el Director de la Escuela 317 de Roca, Robinot Villegas tuvo la “osadía” de negarse a entregar en el establecimiento estos alimentos y reclamó por mejoras edilicias junto a padres y madres. Días después fue separado del cargo, por Resolución 930/08, emitida por los vocales gubernamentales en el Consejo Provincial de Educación (CPE), Jorge Sartor y Amira Nataine, sin el mínimo sustento administrativo y legal, bajo la causal de “entorpecer el funcionamiento de la institución que preside”.

Por la presión psicológica sufrida por la maniobra persecutoria del gobierno y el accionar de sus punteros, el 11 de mayo, Villegas sufrió una descompensación y fue internado en un sanatorio de Roca. El parte médico confirmó que se trató de un infarto y pasó un tiempo importante internado en terapia intensiva.

La justicia desestimó la separación del cargo por estar viciada de ilegalidad. El director accedió a la jubilación. Pero jamás pudo volver a su trabajo y actualmente mantiene un tratamiento cardíaco y psicológico.

El caso del compañero Villegas y sus consecuencias ponen en evidencia la torpeza y autoritarismo del gobierno de Saiz, que mantiene prácticas persecutorias repudiables como la de los tiempos más oscuros de nuestra historia y cabe la caracterización: “el agravante de que estos hechos fueron generados por imperio de la violencia de Estado”.

Director Escuela Nº 275

Cuando todavía no estaba resuelta la situación del compañero Villegas, el gobierno define una nueva situación de persecución. Esta vez, contra el Director de la Escuela 275: Mario Floriani, también de Roca, militante de la UnTER, Secretario Gremial de la Seccional y actual delegado del Departamento de Salud en la Escuela. Floriani tuvo una participación superlativa en el último conflicto docente. Laderos del gobierno habrían reportado sobre su presencia en acciones que molestaron de sobremanera al Poder Ejecutivo.

En pleno conflicto, se desencadenan una serie de hechos de corte puramente administrativo en los que vuelve a aparecer el fantasma dictatorial de la “prescindibildad laboral”. Al igual que con Robinot Villegas, había que prescindir de Floriani.

Supervisión Zona III AVE

Todo se inicia cuando se jubila la supervisora de la zona III Alto Valle Este (AVE) de Roca. Según el orden de mérito, esta vacante correspondía ser ocupada por el Director de la Escuela 275.Pero la orden del ejecutivo era clara: lejos de ascender, debía ser castigado. Esa fue la orden.

La misión fue cumplida en marzo por los vocales gubernamentales Jorge Sartor y Amira Nataine, quienes -esgrimiendo razones presupuestarias- cerraron la supervisión. El ascenso de Mario Floriani ya no era un problema. La orden del “Jefe” había sido sutilmente cumplida.

Sin sustento, el Ministerio sostuvo esta decisión a pesar de los constantes reclamos de directores y directoras de la zona, el vocal gremial docente, la organización sindical y las dos supervisoras, que asumieron multiplicar escuelas y conflictos, esperando pacientemente para que se tome la decisión de reinstalar la III Supervisión.

El propio gobierno volvió a poner en situación lo que, temporalmente con el cierre de la supervisión, había garantizado. Nombran como funcionaria del nivel a la supervisora Patricia Salgado, de General Roca. Frente a esta nueva vacante, otra vez por orden de mérito debía asumir Floriani.

Como ya no se podía cerrar la segunda supervisión, esta vez fueron más lejos e inventaron un sumario. Sartor-Nataine, a esta altura una marca registrada en la obsecuencia al gobierno, emitieron la Resolución 2420/09. Con un desconocimiento absoluto del Estatuto del Docente, Ley 391, que determina que el sumario sólo debe ser instruido por la Junta de Disciplina. Pero la urgencia de prescindir de Floriani, a quien debieron ofrecer la suplencia, hizo que los funcionarios no tuviesen reparos en violar la normativa. La orden debía cumplirse.

Durante el conflicto y haciendo alusión a la presencia de un reducido grupo de manifestantes frente a su domicilio, el Gobernador manifestó: “Espero que algún Fiscal tome esta causa, no hay que confundir a la sociedad denominando escrache, cuando claramente se trató de un acto de vandalismo contrario a las leyes vigentes y que merece ser castigado según las normas que la propia sociedad se ha dado”. Se puede compartir o no la caracterización del hecho que realiza Miguel Saiz. Pero su idea de sanción pasa por los canales institucionales.

Sin embargo, en las esferas de los ámbitos institucionales no es eso lo que está sucediendo, todo lo contrario. En la sombra y cobardemente se utiliza el poder para “marcar” a militantes y caerles con todo el peso, no de la Ley, sino de la impunidad. Rayando el terrorismo de Estado, se los somete a la más vil y encubierta persecución y delación política.

Cuando hay una compulsa, sea ideológica o política, los sectores en disputa entienden que esa confrontación tiene reglas de juego y consecuencias. Cuando uno de ellos tiene la responsabilidad de ejercer el poder del Estado, en este caso como patronal; el límite es no usar ese poder bajo elementos coercitivos, fuera de toda institucionalidad, cayendo en un accionar antidemocrático como la “prescindibilidad laboral”.

28 de noviembre de 2009

Pedro Bichara, Secretario de Prensa