UnTER expresa su absoluto repudio al accionar del Gobernador Gerardo Morales contra el pueblo jujeño. Se solidariza con compañerxs docentes y estudiantes de la Universidad de Tilcara y con todas las personas que padecen la escalada represiva que se emparenta con la dictadura genocida. Exigimos el cese inmediato de esta persecución y el juzgamiento de los responsables políticos e ideológicos de esta lamentable vuelta al pasado.
El miércoles 12 de julio la policía ingresó en la Universidad de Tilcara, accionar que está penado por la Constitución Nacional, por lo tanto es un delito federal. Nada aparece frenar el espíritu dictatorial del precandidato a vicepresidente por el PRO, quien amenaza con expropiar el predio de la UBA.
Esta semana se difundió una lista con nombre, apellido y dirección de militantes que supuestamente son los responsables de delitos de sedición y privación ilegítima de la libertad. Hasta el momento, ese listado incluye a 42 personas, lo que instala un clima de persecución que nos remite a los años de terrorismo de Estado que no se debe regresar.
En Humahuaca se inició una cacería contra sindicalistas, organizaciones de base y Pueblo Originarios, que se replica en todo Jujuy. En la Quiaca se intentó un gope destituyente contra el Intendente, que rechazó la reforma. Desde el 20 de junio, la policía dispara y ciega a jóvenes, circulan autos sin patente, se allanan viviendas sin orden judicial, compañeras militantes denunciaron abusos por parte de estos grupos parapoliciales.
Desde el momento en que Morales impuso la reforma constitucional, con el aval de legisladores del radicalismo y un sector del PJ, el pueblo en su conjunto está resistiendo en defensa de sus derechos. Tan atroz fue la violencia institucional, que los medios hegemónicos no pudieron invisibilizarla. Apenas se disipó el humo de los gases lacrimógenos se retiraron de la provincia; sin embargo continuaron las marchas y los cortes con el objetivo de lograr la derogación de esta reforma ilegítima que cercena derechos establecidos en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales que el gobierno jujeño no puede ignorar.
Como trabajadorxs de la Educación nos alerta que este accionar represivo se valide como parte de una campaña prelectoral, para cosechar votos del sector más reaccionario de nuestra sociedad. Gerardo Morales, luego de ordenar la violencia, fue premiado por Horacio Larreta como compañero de fórmula. Los medios hegemónicos contribuyen con la difusión de discursos de odio que alimentan el racismo, han silenciado que el Gobernador intervino en el Poder Judicial para lograr una justicia complaciente, que ejerce el nepotismo y mantiene presa desde hace siete años a Milagro Sala e integrantes de la Tupac Amaru, a pesar de la condena de los organismos internacionales de Derechos Humanos.
En el año en que nuestro país pretende celebrar los 40 años de recuperación de la democracia, es inadmisible el silencio del Poder Legislativo, que debería ordenar la intervención de Jujuy, pero no lo hace porque la mayoría es parte del partido de Morales y sus aliados. Urge que el Gobierno Nacional se exprese y actúe contra el avasallamiento de la Universidad y que la sociedad en su conjunto condene la represión.
No hay excusa para que las centrales sindicales, las organizaciones de base y los partidos políticos que dicen defender la vida democrática denuncien esta política de crueldad y se organicen para frenarla. Si no lo hacen, será verdad que Jujuy es la muestra de lo que vendrá. Hoy más que nunca es imperiosa la memoria para no repetir la historia.
Fotos Agencia Télam
General Roca – Fiske Menuco, 13 de julio de 2023.
María Inés “Lua” Hernández, Secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades
Pablo Holzmann, Secretario de Prensa, Comunicación y Cultura
María Castañeda, Secretaria Gremial y de Organización
Gustavo Cifuentes, Secretario Adjunto
Silvana Inostroza, Secretaria General
